Acuerdos secretos entre Aragón y Cataluña

El día 6 de abril del año 2010 los consejeros de Educación de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno de Aragón firmaron un protocolo de colaboración entre ambos gobiernos cuyo objeto declarado era la promoción de la enseñanza de la lengua catalana en el ámbito de la educación. Pero si tenemos en cuenta que la enseñanza de la misma ya está más que suficientemente promovida en territorio catalán, donde la enseñanza del castellano -que algunos nos empeñamos en seguir llamando español- es prácticamente residual y casi proscrita, habrá que concluir, como se deduce de la lectura del texto acordado, que se trata de promover esa enseñanza exclusivamente en Aragón, considerando, dicen, los vínculos históricos, culturales y lingüísticos.

No existe en el texto citado ningún tipo de reciprocidad respecto a las otras lenguas mal llamadas “propias” de Aragón (porque las lenguas no son propias de los territorios, sino de sus hablantes) ni al español, la lengua común, con el que es posible establecer vínculos de comunicación tanto o más útiles por su enorme difusión mundial. Y tampoco creemos que pueda desvincularse la promoción de la enseñanza del catalán en Aragón de esos propósitos de anexionarse partes de nuestro territorio, que algunos proclaman de forma harto explícita. “Una llengua, un poble”, era el lema de uno de los últimos “correllenguas” que recorría poblaciones del Este aragonés, para despejar cualquier duda al respecto. El correllengua, explica Wikipedia, es el nombre de una campaña cultural y política que se hace cada año, destinada a la defensa y promoción de la lengua catalana, aunque incluye, por supuesto, otros objetivos de carácter más político que cultural.

Pero lo más grave de ese protocolo de colaboración es que sólo se ha hecho público en el Boletín de la Generalitat (DOGC núm. 5645 – 08/06/2010), pero no en el Boletín Oficial de Aragón, dejando patente el deseo del Gobierno aragonés de mantener secreto ante sus ciudadanos el acuerdo alcanzado y el poco respeto que nos tiene. ¿Por qué pretenderá el Gobierno de Aragón ocultarlo a sus ciudadanos? La publicación de esos acuerdos no es potestativa, sino obligatoria ‑legalmente obligatoria-. Obliga a ello la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que es de aplicación en todo el Estado, y que precisamente la Generalitat invoca para justificar legalmente la publicación del protocolo.

Difícilmente podrá el Ejecutivo aragonés argüir que no se trata de un convenio sino de un protocolo de colaboración, porque desde el día en que lo firmó ha publicado ocho protocolos de colaboración con Andalucía, con Cantabria… Y ya en el año 2003 la entonces consejera de Educación, Eva Almunia, firmó un Acuerdo Marco de Colaboración con la Generalitat de Cataluña redactado en términos muy similares al actual, que fue objeto de publicación mediante Orden que firmaba el entonces -y ahora- vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel.

¿Tiene miedo ahora el Gobierno a la reacción o falta de comprensión de los ciudadanos? Y más aún, ¿un gobierno que cree necesario ocultar sus actos y decisiones a los ciudadanos puede ser llamado democrático?

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