¿Sabes la cantidad de injusticias lingüísticas que se están dando en nuestro país? ¿Sabes qué está pasando?
Si no estás de acuerdo, y no quieres que ésto siga ocurriendo, no te quedes de brazos cruzados, así no se solucionará; únete a nosotros, firma y ayúdanos a dotar a los españoles con una ley que proteja de manera efectiva nuestros derechos y los de nuestros hijos!
La Asociación Lengua Común quiere mostrar su profunda preocupación tras la iniciativa presentada hoy por el Campus de la Universidad de Huesca de instaurar “un curso de posgrado que pretende la preparación a maestros y profesores para la enseñanza del aragonés y ofrecer formación que facilite el acceso a puestos de trabajo en la administración, medios de comunicación, instituciones o medios culturales, a partir del desarrollo de esa norma aragonesa”.
Entendemos que esta medida está encaminada a consolidar políticas de imposición lingüística que empobrecerán a todos los aragoneses, al obligarles innecesariamente a adquirir unos conocimientos de dudosa utilidad y a dilapidar unos recursos en un momento en que estos son preciosos.
Aprovechamos para recordar que desde la Asociación siempre hemos entendido como incorrecta la denominación de “Lengua Aragonesa” a las variedades dialectales que se daban en los diversos valles del pirineo, y entendemos que entre ellas la diferenciación era lo suficientemente marcada como para que su normalización en una lengua moderna suponga una remarcable pérdida cultural y etnográfica.
Asimismo, entendemos que desde la Sociedad Civil ya se ofrecen suficientes medios culturales para aquellos que tengan interés en conocer o aprender estos dialectos del pirineo.
Denunciamos, por último, que el origen de estas medidas es profundamente ideológico y con una clara voluntad de fractura civil, y en ningún caso puede la Universidad plegarse a semejantes intenciones, que suponen de forma total lo opuesto a lo que esta institución debería representar.
La Asociación Lengua Común lamenta la creación de la Academia Aragonesa del Catalán, y que sea el propio Gobierno de Aragón el que fomente este tipo de instituciones sin que exista un debate efectivo por las consecuencias que puede traer la copia de los modelos lingüísticos de las regiones de nuestro entorno.
Desde la Asociación entendemos, además, que no es el momento adecuado, a pocas semanas de las elecciones, para que se anime este tipo de iniciativas y que esto demuestra que, lejos de tener un transfondo cultural, subyacen intereses políticos y de ingeniería social que en nada favorecen a nuestra comunidad en este momento económico y social.
Entendemos igualmente, que esta academia es la materialización del proyecto iniciado con la ley de lenguas de Aragón, y que el conocimiento de lenguas distintas al español, a la larga, marcará el empleo público de la Comunidad de Aragón, tras observar los fines de la Academia, que explicita, en virtud del decreto 89/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia Aragonesa del Catalán (transcribiendo):
Artículo 2. Fines.
Los fines de la Academia Aragonesa del Catalán son:
a) Investigar y formular las normas gramaticales, en su caso, del catalán en Aragón teniendo en cuenta sus variedades lingüísticas.
b) Inventariar y actualizar su léxico.
c) Estimular el uso, enseñanza y difusión del catalán en Aragón y de sus distintas modalidades.
d) Defender y promover el catalán en Aragón y sus modalidades y velar por los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán en Aragón.
d) Colaborar en la formación del profesorado.
e) Establecer el criterio de autoridad en las cuestiones relativas a la normativa, actualización y uso correcto de la lengua catalana en Aragón
f) Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con el uso correcto del catalán en Aragón, su promoción social, así como sobre la determinación oficial de los topónimos (los nombres oficiales de los territorios, los núcleos de población y las vías interurbanas) y los antropónimos.
g) Las que, en el ámbito de su competencia, le encargue el Gobierno de Aragón.
Destacamos el hecho de que en dos ocasiones, en un año, dos organismos del Gobierno de Aragón, el Departamento de Educación y ahora la Academia Aragonesa de la Lengua Catalana manifiesten de forma expresa y explícita su interés en la promoción, enseñanza y difusión del catalán. Lo que hace pensar que quizás sea cierto y que esa es una de las prioridades u objetivos prioritarios del Gobierno, lo que no fue expuesto ni en la campaña electoral de los partidos que forman el actual Gobierno de Aragón ni tiene trazas de aparecer en los programas electorales de la campaña en ciernes.
La primera, el Departamento de Educación, con la firma (abril de 2010) de aquel convenio de colaboración que nunca se publicó en Aragón (como es obligatorio) pero sí en Cataluña (DOGC núm. 5645 – 08/06/2010): “Que tanto el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña como el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón tienen interés en la promoción de la enseñanza de la lengua catalana y en contribuir activamente en la consecución de este objetivo en el ámbito de la educación”.
Y ahora mismo, al especificarse en los puntos c) y d) que los fines de la Academia Aragonesa del Catalán serán: “Estimular el uso, enseñanza y difusión del catalán en Aragón”, “Defender y promover el catalán en Aragón” y “velar por los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán en Aragón”.
No apreciamos, en el actual gobierno catalán, que cabe señalar es distinto al que suscribió el mencionado convenio, la reciprocidad que se establece como eje del mismo, y recordamos que, antes bien, la lengua española en Cataluña, lengua madre de numerosos aragoneses que se encuentran en ella, sigue siendo perseguida y discriminada.
Deducimos, finalmente, por el punto g) de sus fines, que se trata de una institución puramente instrumental al servicio de intereses de terceros.
Ante estas prioridades u objetivos de nuestro Gobierno cabría preguntarle a los aragoneses si esas prioridades u objetivos son también los suyos, si los comparten, si desean que se empleen fondos públicos y esfuerzo político en estimular y promover el uso, la
enseñanza y la presumible obligatoriedad del catalán.
La atenta lectura del Convenio de colaboración para la difusión de las emisiones de los canales de televisión de titularidad pública en los territorios respectivos firmado por los gobiernos de Aragón y Cataluña el día 13 de octubre de 2010 permite comprobar la sorprendente desproporción entre las concesiones y compromisos de una y otra parte, próxima a la sumisión por parte aragonesa. Si la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, contempla la reciprocidad en los convenios que para estos supuestos puedan firmar comunidades autónomas limítrofes, en éste que comentamos esa reciprocidad brilla, de forma notable, por su ausencia.
Nada hay que objetar a la extensión de la libertad en el ámbito de las telecomunicaciones audiovisuales, puesto que se amplía la capacidad de elección de los ciudadanos. Es obvio que la elección de un canal televisivo nunca se impone. Pero junto al interés catalán, que se invoca en el convenio para justificarlo, por extender su lengua, su cultura y, no lo olvidemos, su información con su particular tratamiento y orientación, sorprende el escaso interés del Gobierno de Aragón por ofrecer la televisión aragonesa a nuestros conciudadanos que viven o veranean en Cataluña. Barcelona es una ciudad con una fuerte presencia aragonesa y otro tanto puede decirse de la Costa Dorada, zonas que quedan fuera del ámbito de aplicación del convenio de colaboración.
Así, mientras que el Gobierno catalán podrá pasar a emitir desde treinta y cuatro repetidores aragoneses, nuestro Gobierno expresa la modesta pretensión de asegurar la recepción de la programación aragonesa en los centros emisores que ya está utilizando en Cataluña, fundamentalmente para garantizar la cobertura de la señal en nuestro propio territorio: es decir, en dos, Alpicat en Lérida y Montcaro en la zona de Beceite. O sea, seamos claros, se acepta mansamente la colonización cultural, que inevitablemente será también política, sin reciprocidad alguna, ni en aquellas zonas donde la abundante presencia aragonesa la justificaría.
El Gobierno catalán asume el coste de adquisición de los equipos que instalará en nuestro territorio y facilitará nuestras emisiones desde los dos repetidores citados antes. El Gobierno aragonés asume la instalación de esos equipos catalanes y, de forma a nuestro juicio inexplicable, los gastos corrientes derivados de su mantenimiento. Es decir, el Gobierno de Aragón asume unos gastos que no son equitativos con los que aparentemente asume el Gobierno catalán, acepta sumisamente la colonización cultural y política y renuncia al legítimo interés de ofrecer la señal de la televisión aragonesa a la abundante población de origen aragonés residente en Cataluña.
Ignoramos qué prioridades políticas pueden justificar la firma de un convenio en esas condiciones de desigualdad tan evidentes, pero sí cabe decir que las mismas son muy coherentes con la línea de actuación de nuestro Gobierno respecto a nuestros vecinos catalanes.
Un convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña habilita a ésta, de facto, el acceso limitado al espacio audiovisual aragonés.
Puedes ver el convenio aquí
Los colectivos: Asociación por la Tolerancia de Cataluña, Fundación Círculo Balear, Galicia Bilingüe, Plataforma por la Libertad de elección lingüística del País Vasco y Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística defendemos –en aquellas CCAA con más de una lengua oficial– el derecho a escoger la lengua de escolarización de nuestros hijos, en el que queda englobado el derecho a la enseñanza en lengua materna. Denunciamos asimismo que, en nuestras respectivas comunidades autónomas, se está vulnerando sistemáticamente el derecho de los niños a recibir la enseñanza en lengua materna, lo que en algunas de estas comunidades les sucede sólo a los niños castellano-hablantes.
En 1999, la UNESCO estableció el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna, por ser ésta la “más importante para las primeras fases de nuestro desarrollo emotivo y cognitivo”.
Este Organismo, en el 1er bloque de Principios, basándose en la experiencia a lo largo de muchos años de investigación, afirma que la enseñanza en la lengua materna es el mejor instrumento para mejorar la calidad de la educación, ya que los niños que inician su educación en ella logran mejores resultados que aquellos que son expuestos a un idioma nuevo al comenzar la escuela. Recomienda, además, que se extienda el empleo de la lengua materna en la enseñanza hasta el grado más avanzado posible.
Las recomendaciones de la UNESCO no se rigen por intereses políticos, sino por criterios pedagógicos, que son los que deben primar en cualquier política educativa que se precie. Así, los colectivos mencionados, en este día tan especial, sumando a estos criterios
pedagógicos: los sociológicos y los legales, estimamos oportuno constatar que:
1. Es una obviedad que los procesos de inmersión no voluntarios son contrarios a la filosofía de la UNESCO, aunque nuestros representantes no tengan pudor al invocar su nombre para respaldar una política que contraviene claramente sus recomendaciones.
2. El propio concepto de inmersión que se aplica en algunas Comunidades autónomas de España es además discriminatorio porque afecta sólo a los niños castellanohablantes. Los hablantes de las lenguas cooficiales no la sufren; simplemente reciben la instrucción en su lengua familiar. Por tanto se está violando también el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se formula el principio básico contra la discriminación por motivos de idioma, entre otros. Esa discriminación resulta especialmente lacerante en el caso de los niños con discapacidad cerebral o sordos.
3. Se ha sustituido el concepto de lengua materna por el de “lengua propia”. Con ello, se ha privado a muchos escolares del derecho a la enseñanza en su lengua.
Es decir, se olvida que los únicos portadores de derechos son los ciudadanos y no lo territorios. A veces, contra toda evidencia, se niega esa discriminación; otras, se justifica como medida necesaria para evitar la “muerte” de las lenguas cooficiales, falacia de bulto, ya que las lenguas prestigiadas –en este caso, además, sobredimensionadas por las Instituciones– no mueren si sus hablantes no las dejan de utilizar. En cualquier caso, no es función de la escuela salvar lenguas. En cambio, privar de la enseñanza en una lengua oficial, que en el caso del español también es la común de toda España y la segunda más importante en el mundo, constituye –además de caso único– un atropello para muchos y un fraude para todos.
4. Al ignorar sistemática y deliberadamente que el castellano es lengua materna de más de la mitad de los escolares en cualquiera de estas Comunidades Autónomas, las autoridades educativas dan la espalda a la realidad sociológica y al no facilitar, al menos parcialmente, la educación en este idioma en algunas de ellas, se sitúan además al margen de la ley, cuestión inaceptable en un Estado de derecho.
Por todo ello, SOLICITAMOS AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO que inste a los gobiernos autonómicos a cumplir las leyes, y a LAS CORTES GENERALES que promuevan una ley de lenguas para todo el territorio español que:
1. Garantice la igualdad de derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en los territorios con cooficialidad lingüística, dando por finalizado, después de tres décadas, el periodo de “normalización” de las lenguas locales.
2. Derogue cuanto antes las leyes de inmersión obligatoria, que niegan de facto el derecho a la educación en lengua materna, y que haga prevalecer el derecho a la libertad de elección lingüística.
Puedes ver el documento aquí
El día 6 de abril del año 2010 los consejeros de Educación de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno de Aragón firmaron un protocolo de colaboración entre ambos gobiernos cuyo objeto declarado era la promoción de la enseñanza de la lengua catalana en el ámbito de la educación. Pero si tenemos en cuenta que la enseñanza de la misma ya está más que suficientemente promovida en territorio catalán, donde la enseñanza del castellano -que algunos nos empeñamos en seguir llamando español- es prácticamente residual y casi proscrita, habrá que concluir, como se deduce de la lectura del texto acordado, que se trata de promover esa enseñanza exclusivamente en Aragón, considerando, dicen, los vínculos históricos, culturales y lingüísticos.
No existe en el texto citado ningún tipo de reciprocidad respecto a las otras lenguas mal llamadas “propias” de Aragón (porque las lenguas no son propias de los territorios, sino de sus hablantes) ni al español, la lengua común, con el que es posible establecer vínculos de comunicación tanto o más útiles por su enorme difusión mundial. Y tampoco creemos que pueda desvincularse la promoción de la enseñanza del catalán en Aragón de esos propósitos de anexionarse partes de nuestro territorio, que algunos proclaman de forma harto explícita. “Una llengua, un poble”, era el lema de uno de los últimos “correllenguas” que recorría poblaciones del Este aragonés, para despejar cualquier duda al respecto. El correllengua, explica Wikipedia, es el nombre de una campaña cultural y política que se hace cada año, destinada a la defensa y promoción de la lengua catalana, aunque incluye, por supuesto, otros objetivos de carácter más político que cultural.
Pero lo más grave de ese protocolo de colaboración es que sólo se ha hecho público en el Boletín de la Generalitat (DOGC núm. 5645 – 08/06/2010), pero no en el Boletín Oficial de Aragón, dejando patente el deseo del Gobierno aragonés de mantener secreto ante sus ciudadanos el acuerdo alcanzado y el poco respeto que nos tiene. ¿Por qué pretenderá el Gobierno de Aragón ocultarlo a sus ciudadanos? La publicación de esos acuerdos no es potestativa, sino obligatoria ‑legalmente obligatoria-. Obliga a ello la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que es de aplicación en todo el Estado, y que precisamente la Generalitat invoca para justificar legalmente la publicación del protocolo.
Difícilmente podrá el Ejecutivo aragonés argüir que no se trata de un convenio sino de un protocolo de colaboración, porque desde el día en que lo firmó ha publicado ocho protocolos de colaboración con Andalucía, con Cantabria… Y ya en el año 2003 la entonces consejera de Educación, Eva Almunia, firmó un Acuerdo Marco de Colaboración con la Generalitat de Cataluña redactado en términos muy similares al actual, que fue objeto de publicación mediante Orden que firmaba el entonces -y ahora- vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel.
¿Tiene miedo ahora el Gobierno a la reacción o falta de comprensión de los ciudadanos? Y más aún, ¿un gobierno que cree necesario ocultar sus actos y decisiones a los ciudadanos puede ser llamado democrático?
Ley de Lenguas de Aragón: Las Cortes de Aragón decretan, por fin, que el castellano no es lengua propia de los aragoneses.
Durante la tramitación de la Ley de Lenguas de Aragón, todos los grupos parlamentarios, todos, han coincidido en no reconocer el castellano como lengua propia del ciudadano aragonés. Esta unanimidad es lo más relevante de las intervenciones parlamentarias, aunque ha quedado eclipsada por la escaramuza particularista del “no hablamos catalán, hablamos modalidades aragonesas”.
Las Cortes de Aragón aprobaron en noviembre de 1997 el Dictamen de la Comisión de estudio de la política lingüística en Aragón. Entre los comparecientes ante la Comisión destacan las aportaciones de los representantes de las entidades sociales catalanistas, las intervenciones de expertos en aragonés y catalán, la opinión de dos eurodiputados- vasco y catalana- y los consejos de políticos de comunidades autónomas con leyes de normalización lingüística. Su contribución fue determinante en la redacción del Dictamen, orientado a utilizar las lenguas locales en la construcción de proyectos identitarios.
En 1997 ya teníamos datos sobre los efectos del desarrollo de las leyes autonómicas de normalización lingüística, por cierto las de Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra elaboradas por el PP en situaciones de mayoría absoluta. La Asociación Tolerancia de Cataluña ya informaba de la conculcación en Cataluña de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en la política lingüística de los nacionalistas, con la complacencia de los gobiernos de González y Aznar. Las Cortes de Aragón hubieran debido llamar como comparecientes a representantes de países europeos que habían concedido la oficialidad a lenguas minoritarias a partir de lo obvio, que en sus naciones existe una lengua común, propia de todos los ciudadanos, y las lenguas minoritarias, usadas en algunas zonas regularmente por una parte de la población en sus relaciones familiares y sociales, están protegidas oficialmente en las instituciones, administración, medios de comunicación y educación pública. En los territorios con lenguas locales, la enseñanza es en la lengua materna que los padres decidan, los derechos lingüísticos pertenecen a las personas y la lengua troncal de la comunidad nacional no es expulsada del espacio oficial y político. Este modelo de protección y fomento cultural de las lenguas regionales es eficaz y excluye el secesionismo sociolingüista.
Por el contrario, los partidos aragoneses, con la Ley de Lenguas abrazan sin remilgos la estrategia del soberanismo nacionalista: la lengua es del territorio, no de los ciudadanos, los derechos históricos priman sobre los derechos democráticos de la Constitución, la lengua materna no se reconoce, se excluye la lengua común de todos los aragoneses y se discrimina a quienes tengan el castellano como lengua propia. El aragonés y el catalán son las lenguas divisa de las Cortes de Aragón. El efecto inmediato es que el Aragón Oriental se incorpora al ámbito lingüístico, laboral y geopolítico de los Países Catalanes.
Es el resultado no previsto por un regionalismo que lideró durante décadas una identidad aragonesista, basada en considerar al castellano como lengua ajena a la personalidad histórica de Aragón, crucial para su propósito de tener la exclusiva autonomista y un acceso preferente a las prebendas políticas y canonjías clientelares previstas con la oficialización de la constelación de hablas municipales y comarcales amparadas como modalidades de lenguas de Aragón. El golpe de mano con la Ley de Lenguas del sector pancatalanista del PSOE ha truncado la empresa.
Esta cuestión ha originado ruidosas trifulcas partidistas. Por lo demás, ningún partido ha defendido en las Cortes de Aragón que existe una lengua común de todos los aragoneses, que es la lengua materna del 98% de la población y que esa lengua, el castellano, es propia y predominante en esta Comunidad y cimiento de los rasgos históricos y culturales de Aragón.
Asociación Lengua Común.
Hoy, martes 28 de Abril de 2009, un pequeño grupo de personas, preocupadas por la deriva que el nacionalismo está tomando en España en general, y en Aragón en particular, sobre todo por lo que se refiere a los derechos individuales, y más en concreto los relativos a la lengua, hemos creado la Asociación Lengua Común, una Asociación que vele por ellos y defienda el normal uso del español, nuestra lengua común, de los abusos de las llamadas leyes lingüísticas.
En concreto, creemos que el modelo que desgraciadamente se está imponiendo en otras regiones del territorio español, interfiere en los derechos fundamentales del individuo en la educación, la forma en que pueda relacionarse con la administración pública u opta al trabajo, por poner algunos ejemplos.
Asociación por la Tolerancia
Círculo Balear
Convivencia Cívica Catalana
Galicia Bilingüe
Impulso Ciudadano