LENGUAS TERRITORIALES: LA HERRAMIENTA PARA DESMANTELAR ESPAÑA

La nación española está sufriendo un ataque despiadado con el objetivo de su destrucción para ser sustituida por múltiples soberanías territoriales, identificadas con las actuales Autonomías, que pertrechadas con la etiqueta de nación o nacionalidad histórica, están consiguiendo que la ciudadanía española desaparezca para ser ocupada por una ciudadanía de ámbito autonómico depositaria en exclusiva de los derechos políticos y que ya no pertenece a España sino al Estado Español. España
como entidad política y cívica es eliminada y se sustituye por Estado Español, una estructura artificial y que para algunos es el instrumento de opresión del conjunto de los pueblos ibéricos.

¿Y cómo hemos llegado a esta grave situación? Cuando hablamos de bipartidismo como elemento definitorio de la política española caemos en el error de circunscribirlo al hecho de que dos Partidos, PSOE y PP, se han turnado en la Presidencia del Gobierno, tejiendo una trama de intereses partidistas con la finalidad de perpetuarse ambos en el feudo político. Es una explicación insuficiente que obvia lo más importante, el bipartidismo en la política nacional consiste en las sucesivas alianzas (PSOE-Nacionalismo Secesionista- Sindicalismo nacionalista), y (PP-Nacionalismos
Secesionistas- Sindicalismo nacionalista) PP y PSOE no han tenido un proyecto nacional español, lo suyo es configurar una sociedad al servicio de sus intereses partidistas y de los sectores que representan. Difícil que puedan coincidir en un objetivo quienes carecen de él, ni siquiera para
pactar unos acuerdos mínimos de gobierno y compromisos nacionales.

Por el contrario, tanto el PP como el PSOE cuando han accedido a la Moncloa, se han apresurado a ofrecer todo tipo de regalías a los partidos nacionalistas, incluso en situaciones de mayoría absoluta, donde no necesitaban apoyos parlamentarios para formar Gobierno o desarrollar el trabajo legislativo.

Estas prerrogativas las han concedido a costa del bienestar económico y derechos del resto de los españoles y socavar la cohesión nacional y la soberanía del pueblo español.

La cesión y entreguismo más grave es adoptar la estrategia de los secesionistas que se fundamenta en la expulsión de la lengua española de muchos territorios de España. El método: negar la lengua materna y sustituirla por unas supuestas lenguas de los territorios (catalán, euskera, gallego, aragonés, aranés, y en estudio el bable y otros). Con estas componendas, el PSOE y PP son los causantes de la exclusión del español (lengua y ciudadano) de muchas zonas de España y responsables de los duros acontecimientos que los españoles sufriremos en unos años.

Felipe González, José Maria Aznar, José Luis Rodriguez Zapatero,Mariano Rajoy, todos ellos han participado en tejer y desplegar la alfombra de la Marcha Verde para la destrucción de España.

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Rotular en español en Cataluña

¿Tienen derechos lingüísticos los catalanes hispanohablantes? Sobre el papel, sí. Y además amparados por la Constitución, la más alta instancia jurídica de nuestro ordenamiento. Todos los españoles, también los catalanes hispanohablantes, tienen el derecho a usar la lengua española oficial del Estado, llamada castellano en la Constitución pero conocida como español en el resto del mundo. La cuestión es, ¿puede ese derecho -y otros- condicionarse o limitarse hasta hacerlo impracticable? Y una cuestión más comprometida, ¿qué debe hacer el Estado los poderes públicos- en defensa de ese derecho -y otros- cuando es conculcado?

La pertinacia del gobierno catalán (tanto da que sea nacionalista, ahora, como socialista, antes) en multar a aquellos comerciantes que rotulan sus establecimientos en español demuestra varias cosas: en primer lugar, la voluntad expresa de las autoridades de esa comunidad por expulsar el idioma español de la vida pública y, en segundo, la impotencia de los poderes públicos españoles para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales en todo el territorio nacional.

Es lamentable que desde la entrada en vigor de la Ley de política lingüística de Cataluña en el año 1998, donde se impone la obligación de rotular o emitir los mensajes de megafonía “al menos” en catalán, no haya sido hasta el año 2012 cuando el Tribunal Constitucional haya sentenciado la inconstitucionalidad y nulidad de las sanciones, fundamentadas además en una ley catalana anterior, la del Estatuto del Consumidor del año 1993. Efectivamente, en ésta se tipifica como infracción “vulnerar los derechos lingüísticos reconocidos por la presente Ley a los consumidores o impedir su ejercicio”, derechos que coinciden sustancialmente con los de la ley de política lingüística: derecho a recibir en catalán toda la información referida a los bienes, productos y servicios, aunque, eso sí, los establecimientos han de estar en condiciones de poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales. Esas sutilezas jurídicas, el derecho de los consumidores a recibir la información en catalán y la obligación de los establecimientos de atender en las lenguas oficiales, no han resultado ser inocuas, sino, al revés, gravemente lesivas para los comerciantes que rotulan sólo en español -incluso en aquellas localidades donde la inmensa mayoría de la potencial clientela es hispanoparlante-, pero no para aquellos que rotulan sólo en catalán. Quien rotule en español ha de rotular además en catalán, pero quien rotule sólo en catalán no tiene la obligación recíproca. Eso es válido incluso para la emisión de los tickets o justificantes de compra: si pone “precio” y no “preu” será motivo de sanción.

La respuesta de la Generalitat por boca de su portavoz entonces, Francesc Homs (de actualidad ahora), fue clara. La norma declarada inconstitucional ya no estaba vigente en esa fecha y había sido sustituida por otra, que casualmente decía lo mismo que la anterior, por lo que las multas seguirían aplicándose, como así fue. Entre los años 2014 y 2015 las cuantías de las multas se incrementaron un 173%. Además, las entidades independentistas, fuertemente subvencionadas, y activistas especialmente motivados se han convertido en delatores activos que recorren las calles fotografiando y denunciando establecimientos, ahorrando trabajo a los inspectores de consumo que la Generalitat pueda tener en nómina. Actitudes insólitas en cualquier Estado democrático europeo.

Tampoco la entrada en vigor de la ingenua Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que pretendía eliminar las condiciones y requisitos que supusieran discriminación por razón de establecimiento, ha servido para eliminar las multas por este motivo. Durante el pasado año 2016 se han seguido produciendo. La redacción de la Ley hubiera debido ser más explícita, aunque tememos que tampoco así hubiera sido obedecida.

¿Qué hace o piensa hacer el Gobierno de España ante la cuestión? No es un tema menor. Estamos hablando de la desobeciencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, del incumplimiento de las leyes y, sobre todo, de la vuneración -que en un Estado de Derecho que se precie es una cuestión gravísima- de los derechos civiles.

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La Asociación Lengua Común suscribe el manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos

La Asociación Lengua Común ha participado en la redacción y se suscribe al Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantres en toda España, presentado el pasado lunes 6 de Junio.
Consideramos que la lengua en la que libremente se expresan los ciudadanos no debe ser objeto de ley por parte de ninguna administración pública, y que la única obligación y derecho de los ciudadanos son los recogidos en la Constitución Española respecto de la Lengua Española.

POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS CASTELLANOHABLANTES EN TODA ESPAÑA

Los que promovemos este manifiesto somos ciudadanos castellanohablantes que residimos en comunidades autónomas con diversidad lingüística: Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia.

El castellano está reconocido como lengua oficial en toda España. Nuestra peculiaridad consiste en que compartimos espacio con otros ciudadanos que tienen como lengua materna o de identificación otra lengua española, también reconocida como oficial en toda o en parte de una comunidad autónoma, o bien una modalidad lingüística que se habla en ciertas zonas.

Para nosotros, las políticas de los poderes públicos deben basarse en el respeto a la diversidad, en el principio de paz lingüística entre las distintas comunidades lingüísticas que comparten un territorio, y en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus integrantes.

Los castellanohablantes de territorios monolingües tienen reconocidos estos derechos y pueden ejercerlos sin dificultad. Sin embargo, esto no sucede en las comunidades autónomas donde coexisten diversos idiomas oficiales. En ellas se está confundiendo el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales, con la marginación y creciente vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante que allí reside.

La Constitución reconoce el derecho de los españoles a no ser discriminados por razón de origen, y establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento en el territorio nacional. El ejercicio de este derecho actualmente no es completo, y su limitación perjudica, especialmente, a quienes tienen hijos en edad escolar.

El conflicto lingüístico existe y tiene su base, entre otras razones, en el desigual tratamiento dado a los derechos la comunidad castellanohablante en algunas zonas de España, lo que ha ocasionado situaciones de evidente discriminación.

Por lo tanto, consideramos esencial sentar las bases para solventar este problema. Corresponde a los Poderes Públicos del Estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, PROCLAMAMOS:

1) Que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas deben ser objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes.
2) Que la declaración constitucional de lengua oficial del castellano conlleva el reconocimiento legal de, al menos, los siguientes derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante en toda España:
a.- El derecho a recibir la enseñanza en castellano.
b.- El derecho a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas.
c.- El derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria.
d.- El reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público.
e.- El derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma.
f.- El derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano, así como a una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación.
3) Que los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben actuar como garantes y facilitar el ejercicio de estos derechos en todo el territorio nacional.
4) Que el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística.

En Madrid, a seis de junio de dos mil dieciséis.

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La Asociación Lengua Común lamenta la creación del premio Desideri Lombarte para la promoción del catalán y Chuana Coscujuela para la promoción del “aragonés”

La Asociación Lengua Común lamenta la creación del premio Desideri Lombarte para la promoción del catalán y Chuana Coscujuela para la promoción del “aragonés”

La Asociación Lengua Común lamenta la creación de un premio para la promoción del catalán en una región donde NO SE HABLA CATALÁN, sino una variedad dialectal del occitano radicalmente distinta de la comúnmente aceptada como normal, que no es más que la variante barcelonesa, muy legítima, pero ajena a nuestra comunidad. Este hecho muestra bien a las claras que las motivaciones reales tienen una raíz política, y de una agenda que, en ningún escenario, busca un bien para nuestra región.

Igualmente, lamentamos la creación del premio Chuana Coscujuela para trabajos en Aragonés, primero porque, de nuevo, se asimila la estrategia de normalización en una de las diversas variedades de dialectos que se dan en los valles del pirineo y segundo porque, de nuevo, responde a la generación de políticas lingüísticas que sólo buscan la fractura social, la invasión de la libertad individual y la fractura política de nuestra comunidad.
Desde la Asociación consideramos muy perniciosa esta nueva vuelta de tuerca en el ámbito de creación de políticas lingüísticas que busquen regular lo que debe pertenecer al ámbito privativo de los aragoneses. Consideramos igualmente que es un error la adopción de políticas que buscan la ruptura social en algo tan íntimo como es la Lengua, y creemos que, el actual, es el peor momento para la implantación de políticas que, a su carácter erróneo, unen su inoportunidad.

No perdemos oportunidad de denunciar el anterior ejecutivo, que debió cortar de raíz estas políticas y no entrar en el absurdo juego de las denominaciones (LAPAO, etc). En su día denunciamos que, a la vuelta de los ejecutivos que tienen un punto de apoyo en las políticas lingüísticas, para políticas de control social, nos encontraríamos con que parte del camino seguiría asfaltado.

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La Asociación Lengua Común lamenta una nueva convocatoria de los premios Exducere

Desde la Asociación Lengua Común lamentamos una nueva convocatoria de premios Exducere con categorías por modalidades lingüísticas, en concreto, y como rezan en sus bases, en “castellano, aragonés y catalán”. Sin entrar en el debate de la idoneidad de referirse a la lengua española como “castellano” queremos, puntualizar:

En primer lugar, que consideramos inapropiado premiar variedades lingüísticas que jamás han sido propias en la ciudad de Zaragoza (recordemos que el premio es de carácter municipal).

En segundo, que dicha convocatoria excluye otras lenguas que, habiendo sido propias en la ciudad de Zaragoza, y que actualmente son conocidas y utilizadas por importantes minorías en la ciudad, como es el caso del árabe.

En tercer lugar, que es lamentable la utilización de un premio municipal por un interés partidista al observarse el intento de uniformización y normalización lingüística fuera del ámbito académico de las diversas y ricas variedades dialectales de los distintos valles del Pirineo.

En cuarto lugar, porque la variedad dialectal del occitano hablada en la zona oriental aragonesa poco o nada tiene que ver con la variedad denominada como catalán y que responde más bien a la variedad dialectal barcelonesa de la mencionada lengua, lo que de nuevo avisa de una utilización partidista de los recursos comunes de los zaragozanos en pos de un interés político partidista que pretende subsumir ese bonito dialecto por un marcado interés político que, para más inri, es contrario a los intereses de los aragoneses primero y de los zaragozanos después.

En el deseo de que estos desmanes cesen en la actual administración municipal, desde la Asociación no podemos menos que seguir criticando políticas que poco o nada tienen que ver con la municipalidad.

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OCTUBRE 2009, CARTA DE OPINIÓN DE LA ASOCIACIÓN LENGUA COMÚN QUE LA PRENSA EN ARAGÓN NO PUBLICÓ

En Noviembre de 2009 la Asociación Lengua Común envió una carta de opinión a un influyente periódico de Aragón, a propósito de la inminente aprobación de la Ley de Lenguas del PSOE-PAR ( Diciembre 2009).
Esta carta no fue publicada por el veto de un partido, pero hoy, noviembre 2015 , sirve para analizar la actualidad. El Ejecutivo 2011- 2015 PAR (patrón)- PP (comparsa), ha sido un paréntesis cantinflero.
Reproducimos la citada carta
Muy pronto las Cortes de Aragón abordarán la Ley de las lenguas propias de Aragón. Se da por descontado que la propuesta legislativa del Partido Socialista será aprobada con enmiendas de CHA e IU que permitirán el apoyo legislativo de estos partidos e instaurar una política identitaria cimentada en una falacia, la normalización lingüística de Aragón reconocerá, por fin, los derechos civiles y democráticos de las minorías aragonesas con lenguas propias. Ante el desconocimiento y la indiferencia de la sociedad aragonesa entrará en vigor una ley que durante su desarrollo desembocará en la quiebre de la cohesión social y económica de Aragón y la consolidación de un nacionalismo radical aliado con toda la constelación de nacionalismos ibéricos que no aceptan que España exista y sea una comunidad nacional.
Las Cortes de Aragón aprobaron en noviembre de 1997 el Dictamen de la Comisión de estudio de la política lingüística en Aragón. Entre los comparecientes ante la Comisión destacan las aportaciones de los representantes de las entidades sociales catalanistas, las intervenciones de expertos en aragonés y catalán, la opinión de dos eurodiputados- vasco y catalana- y los consejos de políticos de comunidades autónomas con leyes de normalización lingüística. Su contribución fue determinante en la redacción del Dictamen, donde se liga el modelo de cooficialidad propugnado por los intervinientes con los derechos de las minorías lingüísticas defendida por los organismos internacionales, obviando que estos derechos son de las personas y no de los territorios, sujetos de derecho de las leyes de normalización autonómicas.
La proposición socialista para Aragón surge en una coyuntura relevante, la hegemonía de los partidos nacionalistas, los pactos políticos de nacionalistas y socialistas en Cataluña, Baleares y Galicia han expulsado al castellano de la vida institucional y pública de esas comunidades y los castellanohablantes se ven confinados a ser un colectivo marginado por hablar la lengua oficial del Estado, pero no la propia del territorio autónomo. La gran herramienta ha sido las leyes de normalización lingüística. Todas han sido promulgas por la derecha, nacionalista en el caso de Cataluña y País Vasco PNV Y CiU, y el PP en Navarra, Galicia, Valencia y Baleares en una situación de mayorías parlamentarias absolutas. Son leyes constitucionales porque quién tenía capacidad para recurrirlas no lo hizo a pesar de la opinión de muchos juristas. Aznar Presidente sobrepasó la inhibición cuando coaccionó al Defensor del Pueblo Alvárez Miranda para que no presentara recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística de la Generalitat. Así se explica que derechos fundamentales de los españoles garantizadas por la Constitución no tienen cabida en normativas autonómicas.
La Constitución proclama que además del castellano existen otras lenguas españolas, un patrimonio cultural que se debe preservar. Durante la Transición los nacionalistas se acogen al derecho de usar y recibir la educación en sus lenguas maternas para implantar el bilingüismo en la educación y las administraciones. En Cataluña muy pronto quedó patente que el objetivo final del nacionalismo era imponer el monolingüismo en catalán y la exclusión del castellano, lengua materna del 70% de la población catalana. Utilizaron un subterfugio para legitimar la inmersión exclusivamente en catalán, las leyes lingüísticas obviaron el término lengua materna para hablar de lengua propia, del territorio, histórica, de uso predominante, seña de identidad del país…. El castellano es legalmente arrinconado por no reunir esas condiciones, su lugar es la lengua oficial del Estado pero foránea del territorio y a gran parte de los ciudadanos se les niega el derecho de estudiar y vivir en su lengua materna.
Las leyes autonómicas de cooficialización de lenguas vernáculas niegan al castellano su condición de lengua materna. Igual que la proposición de ley del Partido socialista, de Aragón, claramente alineada con los planteamientos de Omnium Cultural.
Los ciudadanos aragoneses deben ser advertidos, con el pretexto de la necesaria protección y fomento cultural de las modalidades lingüísticas de Aragón, utilizadas habitual o esporádicamente por unas cuarenta mil personas según los cálculos más optimistas, se busca que la cooficialidad del catalán en las comarcas de la Franja facilite su futura incorporación a los Países Catalanes y con la cooficialidad del aragonés un paulatino desplazamiento del castellano y el fortalecimiento de un proyecto nacionalista identitario en Aragón.
Las consecuencias sociales serán enormes, entre otros que una mayoría abrumadora de aragoneses vean restringidos sus derechos por tener como lengua materna el castellano, que la Ley considera impropia de Aragón ,las trabas lingüísticas que encontrarán para acceder a puestos de trabajo de la Administración e Instituciones de Aragón..En lo económico, fragmentación del espacio laboral, segmentación del mercado interior y cuantiosas partidas presupuestarias para aplicar la Ley y subvencionar a las numerosas personas, entidades, asociaciones, fundaciones, gabinetes y empresas que encontrarán en la cooficialidad un maná.inagotable.
La Asociación Lengua Común sostiene que el castellano es la lengua materna del 99% de los aragoneses incluidos los inmigrantes latinos y elemento de integración del inmigrante., así mismo, es lengua propia , histórica y de uso predominante en Aragón, hecho inadmisible para el Partido Socialista y los sociolingüístas del irredentismo.

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El separatista catalán Conde de Godó, Grande de España

Los españoles estamos sometidos a las continuas descalificaciones y afrentas procedentes de los círculos secesionistas que florecen en nuestro país. Es un ejercicio habitual desde los ochenta, acrecentado progresivamente ante la permisividad consciente de nuestras instituciones hasta desembocar en la situación actual de ruindad sin límites.
Pero hay un hecho especialmente escarnecedor para la ciudadanía española, el Rey de España otorgó la dignidad de Grande de España al gran padrino de la disgregación nacional, el Conde de Godó.
Fue concedida por Juan Carlos I en 2008, durante el Gobierno de Zapatero.
REAL DECRETO 1173/2008, de 11 de julio, por el que se otorga la dignidad de Grande de España para unir al título de Conde de Godó a don Javier de Godó y Muntañola.
Queriendo dar una muestra de mi Real aprecio a la persona de don Javier de Godó y Muntañola, Conde de Godó,
Vengo en otorgarle la dignidad de Grande de España para unir al título de Conde de Godó, de acuerdo con la legislación nobiliaria española.
Dado en Madrid, el 11 de julio de 2008. JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
La Grandeza de España es la máxima dignidad de la nobleza española, otorgada por el Rey y situada inmediatamente después de la de infante, reservada a los hijos e hijas del rey de España.
El 15 de julio de 2008, La Vanguardia titulaba a toda página y con fotografía del Conde en color: “El Rey concede a Javier de Godó la dignidad de grande de España“: “Durante 92 años, la familia Godó ha honrado el título y ha sido fiel a los principios de “dignidad, trabajo e independencia” por los que el abuelo de don Juan Carlos otorgó el tratamiento de conde al abuelo de Javier de Godó. Un siglo en que los sucesivos condes de Godó se han mantenido leales a la Corona y al ideario de defensa de las libertades públicas…La Vanguardia apostó por la monarquía …y ha mantenido durante estos treinta años de democracia su confianza en la función simbólica, moderadora y arbitral de la Corona…La grandeza es la máxima dignidad que puede conceder el Rey”.
Lo confiesa La Vanguardia, propiedad de Godó, lealtad a la Corona, desligada de España, y defensa de libertades públicas, que Godó y Muntañola ya llevaba años cuestionando y que en 2015 culmina con el diseño del golpe de Estado institucional de los nacionalistas del oasis catalán.
Don Felipe,Majestad, ¿No sería oportuno retirar la Grandeza de España al actual conde de Godó?. Sería una decisión justa y celebrada por los españoles.
Como Rey revocó la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca, aplique el mismo criterio al maulet Muntañola, quién suspira por una República Catalana independiente.

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NUESTROS AMIGOS DE PUERTO RICO CELEBRAN LA HISPANIDAD

En Puerto Rico grupos cívicos celebran el 12 de Octubre como día de la Hispanidad. Son ciudadanos puertorriqueños que agradecen y conmemoran la obra realizada por España en América, agrupados alrededor del Movimiento Reunificación Puerto Rico con España, presidida por José Nieves y de la Plataforma Autonomía para Puerto Rico, que también busca el retorno de la isla caribeña a España, presidida por Iván Arrache. De ambas formaciones se puede comentar que son utópicas y que están en fase embrionaria y grupuscular y las diferencias que les separan, pero también su ejemplo al rememorar la Hispanidad , el conjunto de países, comunidades y personas que comparten el idioma español y poseen rasgos culturales relacionados con España. En total unas 32 naciones y 500 millones de personas en África, América, Asia, Europa y Oceanía.
Mientras, en España el 12 de Octubre los políticos discuten sobre la conveniencia de la celebración del día de la Fiesta Nacional, tras renunciar a la Fiesta de la Hispanidad. No se trata de secesionistas, que en sus propósitos consideran el evento una provocación del colonialismo español, sino de partidos que pretenden ser de ámbito nacional, aunque continuamente evitan hablar de España que para ellos es el Estado Español ( Podemos e IU) o un concepto discutible (PSOE). En cuanto al PP, gestos solemnes en el trascurso de los actos institucionales y la vergüenza política cotidiana de un partido con mayoría absoluta que contemporiza con los campañas destinadas a destruir España y acabar con los derechos de los españoles en su país.
Sólo Ciudadanos, Vox y UPyD mantienen posturas aceptables en lo referente al Dia de la Fiesta Nacional.
Un reconocimiento a nuestros amigos en Puerto Rico, que coinciden con la afirmación de Carlos Fuentes “ los españoles se llevaron el oro pero nos dejaron el mayor tesoro, la lengua española”.

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Los Independistas dicen: La lengua común de los españoles se llama español

Los independentistas ya no hablan de lengua castellana, dicen español lengua de España, nación extraña a Catalunya. Desmontan, sin miramientos, los tópicos que el nacionalismo lingüístico ha vertido sobre los castellanohablantes y que éstos han asumido pánfilamente hasta la culpabilidad y la esquizofrenia. Ciñéndose a la realidad científica y social y a la terminología internacional de la lingüística, el español es nuestra lengua y no el castellano
Si en el Reino de Castilla aparece la lengua castellana, los acontecimientos históricos propician que esa lengua se convierta en la lengua comunitaria de España, el español, con múltiples aportaciones de otras lenguas peninsulares. En todas las naciones europeas, la lengua nacional surge de una región muy concreta que se extiende en el transcurso de la construcción de la nación. Es el caso del francés, el italiano… El español tiene otra dimensión, la expansión imperial hispanoamericana traslada el idioma español hasta ser considerado el idioma hispano, multinacional, enriquecido con las múltiples lenguas indígenas. El antiguo castellano se denomina actualmente, español, hispano e incluso hispano inglés en las zonas hispanas de los Estados Unidos. Los españoles, lo llamamos castellano y se toma como muestra de la máxima exquisitez política. El término se coló en la Constitución; los padres de la Constitución que ejercían de izquierda federalista y de centrismo moderado juzgaron un acierto esta concesión a los nacionalistas para que se encontraran cómodos en la España democrática. Creyeron que era una acepción del diccionario que no tenía mayor trascendencia. Pero ese término, incorporado al cosmos de la obsesión nacionalista, ha sido una baza crucial en sus proyectos identitarios . En efecto, les resultó muy fácil a los medios nacionalistas convencer a parte de la población de que el catalán era la lengua propia del ciudadano de Cataluña, mientras que el castellano, asociado con Castilla, era obviamente una lengua ajena, impuesta. La dificultad era para quienes defendían que el castellano era lengua de Cataluña por ser la lengua de todos los ciudadanos españoles. Si a la lengua común de los españoles se le hubiera denominado español, como se le reconoce mundialmente, los nacionalistas no lo hubieran tenido tan fácil en su saña contra España.

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Deciamos Ayer

La Asociación Lengua Común ha guardado un discreto silencio durante 2011 -2015, años de gobierno de la coalición PP- PAR. Esta reserva no ha sido por coincidencia con la línea de protección de lenguas marcada por el Gobierno, una panoplia de ocurrencias y desatinos que el PP debe sumar a una amplísima colección de perlas que cultiva por su ineptitud y apocamiento. Tampoco por apoyo al Gobierno Rudi, un ejecutivo nefasto y fugaz que en justicia merece el obituario político de la formación popular, aunque los fatuos responsables continúan en puestos de dirección y provecho.
Preferimos mantener discreción, a petición de algunos asociados que confiaban en el PP y sus promesas electorales. Este mutismo ha estado lleno de reticencias que aumentaban con el transcurso de la legislatura y la autosatisfacción por el embrollo que rezumaban los gestores políticos y culturales del Gobierno.
Lamentablemente se han cumplido las previsiones de la Asociación, nada difícil para quién conoce el percal de los comensales de la política. Qué podíamos esperar del PAR, un partido nacionalista próximo al modelo pujolista, de quien ha copiado el modelo territorial y la estrategia de fomentar la cultura localista y folklórica como instrumento de identidad nacional.
Lo del PP ya se sabía, un partido que instauró la normalización lingüística en Galicia,Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares y se doblega suplicante ante el nacionalismo catalán es difícil que aborde coherentemente el tema de la lengua materna.
Reanudamos nuestra actividad en la web coincidiendo con el auge del pancatalanismo en Aragón, el gran beneficiado de la frívola actitud del gobierno PP-PAR

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